GESTIÓN DE
RESIDUOS

En la Provincia de Buenos Aires los residuos especiales son los que, por sus características de peligrosidad, están sujetos al régimen específico de la Ley 11.720, que alcanza la generación, el transporte, el tratamiento y la disposición final. Los industriales no especiales quedaron alcanzados por el régimen RINE de la Resolución 60/2026, con registro y declaración jurada propios. La clasificación de cada corriente no es discrecional: surge de sus características y de las categorías previstas en la normativa, y determina todo el circuito posterior y su costo.

Si el establecimiento genera residuos encuadrados en ese régimen, sí. La inscripción es la que habilita a mover los residuos con manifiesto y a acceder a operadores habilitados. Operar sin la inscripción expone a sanciones y suele trabar otros trámites, porque los organismos cruzan información entre expedientes. Los requisitos y plazos de renovación conviene verificarlos al momento de tramitar.

Es el documento que acompaña cada retiro y que traza el residuo desde el generador hasta la disposición final, pasando por el transportista y el operador. Su función práctica es demostrar que el residuo llegó a destino y fue tratado correctamente. Un manifiesto sin cerrar deja al generador sin respaldo sobre qué pasó con ese material, que es exactamente lo que una inspección va a pedir.

La responsabilidad del generador no se extingue con la entrega. Por eso verificar que transportista y operador estén habilitados para esa corriente específica no es un trámite formal: es lo que protege al establecimiento. Es una de las revisiones que más contingencias evita y de las que menos se hacen, porque suele darse por sentado que el proveedor está en regla.

Casi siempre por segregación y por minimización en origen. Mezclar una corriente común con una especial convierte todo el volumen en especial, que es varias veces más caro por tonelada. Ordenar la separación, reducir el uso de insumos que generan residuos peligrosos y revisar el proceso suelen dar ahorros mayores que renegociar la tarifa del operador.

Las corrientes más frecuentes son aceites y lubricantes usados, virutas y barros con contenido metálico, trapos y absorbentes contaminados, envases de solventes y pinturas, filtros, y residuos de cabinas de pintura. También aparecen baterías y equipos eléctricos fuera de uso. Cada una tiene su encuadre, y algunas que parecen comunes dejan de serlo cuando están contaminadas con aceite o solvente.

Debe tener contención frente a derrames, segregación de corrientes incompatibles, señalización, protección de la intemperie y condiciones de acceso controlado. La normativa fija requisitos específicos según el tipo de residuo y el volumen almacenado, y también plazos máximos de permanencia en el sitio. Un acopio mal resuelto es de los hallazgos más habituales en una inspección.

Tienen su propio régimen, la Ley 11.347, distinto del de los residuos especiales. Alcanza a establecimientos de salud, laboratorios, veterinarias, consultorios odontológicos y cualquier actividad que genere residuos con riesgo infeccioso. El circuito de recolección, tratamiento y disposición es específico, con operadores habilitados para esa corriente en particular.

Los manifiestos y certificados de disposición final son el respaldo del establecimiento frente a cualquier reclamo posterior, y conviene conservarlos por todo el plazo en que esa responsabilidad pueda ser invocada. En la práctica esto significa archivar de forma ordenada y accesible, no en una carpeta que nadie encuentra: en una inspección, no poder mostrar el respaldo equivale a no tenerlo.

Cada vez más. Las empresas exportadoras y las que forman parte de cadenas de valor con casas matrices en el exterior están trasladando exigencias ambientales a sus proveedores locales, y la trazabilidad de residuos es de las primeras que piden. En esos casos el requisito no viene de un organismo de control sino del contrato comercial, y suele ser más estricto que el mínimo legal.