PERMISO DE
EXPLOTACIÓN
ADA

Sí. El agua es un bien del dominio público provincial y su captación requiere autorización de la Autoridad del Agua, según el Código de Aguas (Ley 12.257) y su Decreto Reglamentario 3511/07. Esto alcanza tanto a la ejecución de la perforación como a la explotación posterior, y rige cualquiera sea el volumen y el uso. Los alcances y las excepciones dependen del régimen vigente, que conviene verificar al momento de tramitar.

Es el empadronamiento provincial creado por la Resolución ADA 872/2025. Reúne la información de todos los usuarios del agua y de los inmuebles donde se realiza el aprovechamiento. La inscripción es obligatoria para quienes tengan perforaciones, captaciones propias, generen efluentes o ejecuten obras hidráulicas. Quedan exceptuados quienes usen el recurso solo para uso doméstico, quienes estén en áreas servidas sin captaciones propias, y quienes generen únicamente efluentes cloacales vertidos a redes.

Para quien explota agua, el cambio concreto es por dónde empieza el expediente: la precalificación dejó de existir y el recorrido arranca con una Declaración Jurada Inicial, de la que salen la Calificación Hídrica y el Nivel de Funcionamiento. Ese Nivel es el que define el camino de una captación ya hecha: NF1 —instalaciones ejecutadas y operativas— exige acompañar registro fotográfico de las obras además de la documentación técnica habitual. La resolución se publicó el 26 de noviembre de 2025 y derogó las Resoluciones ADA 2222/19 y 1033/10 y la Disposición ADA 175/19; el régimen completo está en qué trámite te toca ante la ADA.

Es el nivel —de CHi0 a CHi3— que el organismo asigna a partir de la Declaración Jurada Inicial. En un expediente de explotación los criterios que más lo mueven son dos de los tres que fija el régimen: el uso que se le va a dar al agua y la localización de la captación. De ahí dependen los estudios que hay que acompañar y los plazos del trámite. Los cuatro niveles y qué los separa están en qué es la Autoridad del Agua.

Distingue entre usuarios sin instalaciones ejecutadas u operativas (NF0) y usuarios con instalaciones total o parcialmente ejecutadas y operativas (NF1). La diferencia es práctica: para obras ya ejecutadas el régimen requiere un registro fotográfico de las obras o de las más relevantes, además de la documentación técnica habitual. Es la vía por la que se encauza la regularización de captaciones existentes.

La situación se regulariza igual, y conviene hacerlo antes de que aparezca una inspección o de que se trabe otro trámite. Administrativamente entra como NF1 —instalación ejecutada y operativa—, lo que agrega el registro fotográfico de las obras a la documentación habitual. Hay que caracterizar la captación, ensayar el caudal y analizar la calidad del agua. Si del relevamiento sale que el pozo está mal construido, la decisión deja de ser administrativa: eso se resuelve en perforaciones.

No hay un plazo único: depende de la Calificación Hídrica asignada y, sobre todo, de si el respaldo técnico de la captación está completo. En este trámite lo que más demora casi nunca es administrativo: es el ensayo de bombeo que falta, el análisis de calidad que hay que repetir o el pozo que no tiene documentación de obra. Con esos tres datos en mano el expediente avanza sin observaciones sucesivas.

Son trámites distintos ante el mismo organismo. El de explotación autoriza a tomar agua; el de vuelco autoriza a descargar efluentes. Un establecimiento puede necesitar uno, otro o ambos, y cada uno tiene su propia documentación. Bajo el régimen actual ambos se encuadran dentro del mismo esquema de calificación, por lo que es habitual y conveniente planificarlos en conjunto.

Sí, lo estableció la Resolución ADA 1950/2025. En un permiso de explotación la consecuencia práctica aparece cuando llega una observación al expediente: el plazo para contestarla corre desde la notificación electrónica, no desde que alguien la lee. Conviene que la casilla quede a cargo de una persona que la revise con regularidad. El alcance de la obligación está en qué trámite te toca ante la ADA.

El establecimiento queda expuesto a intimaciones, actas de infracción y sanciones económicas. Además suele bloquear otros trámites: habilitaciones municipales y renovaciones de permisos ambientales se traban cuando los organismos cruzan información y detectan la captación no declarada. Regularizar suele ser bastante menos costoso que enfrentar la situación una vez detectada, sobre todo desde que existe un padrón único de usuarios.

La Declaración Jurada Inicial releva datos del usuario y del inmueble, usos y caudales de agua, efluentes líquidos y redes de monitoreo, junto con la constancia de inicio del trámite del Certificado de Aptitud Ambiental cuando corresponde. Para la solicitud de los permisos, el régimen incorporó el formulario Resumen del Proyecto Ejecutivo como requisito esencial y obligatorio, con carácter de declaración jurada y firma del profesional de parte y del interesado.