GESTIÓN
HÍDRICA

Es la mirada integral sobre todo lo que un establecimiento hace con el agua: qué capta, de dónde, cuánto, qué descarga, a dónde, y qué obras modificaron el escurrimiento. Ordena expedientes que suelen tramitarse por separado y que el organismo hoy cruza dentro de un mismo padrón, con una calificación única que vale para todos los trámites del usuario.

Todo el que use agua superficial o subterránea, genere efluentes líquidos o ejecute obras hidráulicas, según la Resolución ADA 872/2025. Quedan afuera el uso doméstico, los predios en área servida sin captación propia y los que sólo vuelcan cloacales a red. El alcance con las excepciones una por una está en qué es la Autoridad del Agua.

Publicada el 26 de noviembre de 2025, aprobó un nuevo régimen para prefactibilidades, aptitudes de obra y permisos, y derogó las Resoluciones 2222/2019 y 1033/10 junto con la Disposición 175/2019. Se eliminó la precalificación y se la reemplazó por una Declaración Jurada Inicial, a partir de la cual el organismo asigna una Calificación Hídrica y un Nivel de Funcionamiento que definen todo el recorrido posterior.

Según lo que haga con el agua: permiso de explotación del recurso si capta de pozo o de fuente superficial, permiso de vuelco si descarga efluentes, y aptitud hidráulica si ejecutó obras que modifican el escurrimiento. Un mismo establecimiento puede necesitar los tres, y bajo el régimen actual conviene planificarlos en conjunto porque comparten la calificación asignada.

Queda en situación irregular, expuesto a intimaciones y sanciones. Además suele trabar otros trámites: desde que existe el padrón único, los organismos cruzan información y una captación no declarada puede frenar la renovación de un vuelco o una habilitación municipal. Regularizar suele ser bastante menos costoso que enfrentar la situación una vez detectada.

Se regulariza igual, y conviene encararlo antes de que aparezca una inspección. El proceso arranca por relevar qué hay realmente: caracterizar las captaciones existentes, verificar su estado constructivo, identificar las descargas y revisar qué expedientes hay abiertos. Recién con ese inventario se puede armar un plan y estimar plazos y costos.

Sí. La Resolución ADA 1950/2025, publicada el 8 de enero de 2026, estableció la obligatoriedad de constituir domicilio electrónico para todos los trámites ante el organismo. Las notificaciones cursadas por esa vía son plenamente válidas y vinculantes, así que conviene que alguien de la empresa revise esa casilla con regularidad: los plazos corren aunque nadie la abra.

Es el nivel que el organismo le asigna al establecimiento a partir de la Declaración Jurada Inicial, y de él dependen los plazos, la documentación y el costo del trámite. En la práctica es el dato que hay que conocer primero, porque define todo lo que viene después. Los cuatro niveles y qué los separa están en qué es la Autoridad del Agua.

Bajo el régimen actual, juntos. La calificación que asigna el organismo vale para el establecimiento, no para cada expediente, y la declaración jurada inicial releva simultáneamente captaciones, efluentes y obras. Tramitar de a uno suele generar información inconsistente entre expedientes y observaciones que se podrían haber evitado.

Depende de cuántos frentes haya abiertos, de la calificación asignada y de la completitud de la documentación. Lo que más suele demorar no es el organismo sino reunir la información técnica del establecimiento: ensayos de bombeo, análisis de laboratorio y planos de obras ejecutadas hace años sin registro. Por eso el relevamiento inicial es la etapa que más conviene no apurar.