El servicio
El artículo 22 de la Ley General del Ambiente obliga a quien realiza actividades riesgosas para el ambiente a contratar un seguro con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudiera producir. La obligación es nacional y es anterior a cualquier trámite provincial.
Antes de que exista una póliza hay que resolver dos cosas, y ninguna de las dos la resuelve la aseguradora: si el establecimiento está alcanzado, que depende de su Nivel de Complejidad Ambiental calculado con la reglamentación nacional, y por cuánto, que es el Monto Mínimo Asegurable y sale de una fórmula propia. Los dos son cálculos técnicos, se presentan documentados y son el insumo con el que después se cotiza.
Conviene aclararlo de entrada: no vendemos seguros ni intermediamos pólizas. La póliza la emite una aseguradora habilitada y la coloca un productor matriculado. Lo que hacemos es la ingeniería que va antes —el cálculo, el respaldo documental y la revisión de que lo contratado se corresponda con el establecimiento real—, que es precisamente lo que nadie que cobre una prima debería calcular.
Qué hacemos
Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental con la categorización nacional: rubro según el listado aprobado, corrientes de efluentes y residuos, riesgos, dimensionamiento y localización, con los ajustes que prevé la reglamentación. Es el número que define si el establecimiento está alcanzado.
El monto no es una elección comercial: se compone a partir del NCA y se afecta por la vulnerabilidad de los medios restaurables del entorno —distancia a la freática, cercanía a cuerpos de agua, tipo de zona— y por los materiales peligrosos presentes. Se calcula y se documenta término por término.
Inventario de qué hay, cuánto, dónde y cómo está contenido: sobre o bajo nivel, en contacto con el suelo o con agua, con o sin recinto de contención. Ese inventario entra directamente en el factor de materiales peligrosos y es lo que más mueve el monto.
Profundidad y vulnerabilidad de la freática, cuerpos de agua próximos, uso del suelo circundante y presencia de áreas sensibles. Es información que en buena medida ya sale de los estudios hidrogeológicos y ambientales del propio establecimiento, si existen.
La memoria de cálculo, los planos, el inventario y la documentación de respaldo, ordenados para presentar. El trámite se hace en línea ante la autoridad ambiental nacional; lo que se presenta es un legajo técnico, no un formulario.
Verificación de que el NCA y el monto asegurado se correspondan con el establecimiento que hay hoy, y de que la aseguradora cuente con la conformidad ambiental vigente. Una póliza emitida sobre datos desactualizados es un papel que no cubre lo que se cree que cubre.
Los disparadores más frecuentes.
Y salen caros en el momento equivocado.
El error más caro es el primero, y es el más común: el Nivel de Complejidad Ambiental de la Ley 11.459 y el de la reglamentación nacional son dos cálculos distintos, con anexos distintos. Además, el umbral nacional de 14,5 puntos cae dentro del rango que la Provincia todavía llama primera categoría. Ser primera categoría en la Provincia no contesta si corresponde el seguro nacional.
Marco legal
| Norma | Qué establece |
|---|---|
| Ley 25.675, artículo 22 | Ley General del Ambiente. Obliga a quien realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas o sus elementos constitutivos a contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudiera producir. |
| Res. SAyDS 1639/2007 | Publicada el 21 de noviembre de 2007. Aprueba el listado de rubros comprendidos y la categorización de industrias y actividades de servicios según su Nivel de Complejidad Ambiental. Es la base con la que se calcula el número a los fines del seguro. |
| Res. SAyDS 1398/2008 | Establece el Monto Mínimo Asegurable. Se compone como una productoria: un monto básico determinado por el Nivel de Complejidad Ambiental, afectado por un factor de vulnerabilidad de los medios restaurables y por un factor de existencia de materiales peligrosos. Registra modificaciones posteriores. |
| Res. SAyDS 481/2011 | Publicada el 6 de mayo de 2011. Sustituye el artículo 3º del Anexo I de la Res. 1398/2008 y fija el criterio de inclusión: un puntaje de Nivel de Complejidad Ambiental igual o superior a 14,5 puntos. |
| Res. MAyDS 388/2018 | Publicada el 21 de junio de 2018. La conformidad ambiental de la autoridad ambiental nacional es requisito previo para que la Superintendencia de Seguros de la Nación apruebe una póliza por daño ambiental de incidencia colectiva, y la aseguradora debe acreditar capacidad técnica de remediación. |
| Decreto 447/2019 | Publicado el 1 de julio de 2019. Su artículo 1º admite el Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, las pólizas con transferencia de riesgo y otros instrumentos financieros aprobados por las autoridades competentes. Su artículo 3º deroga el Decreto 1638/2012. |
| Res. Conjunta SSN y Ambiente 2/2019 | Publicada el 27 de noviembre de 2019. Aprueba las pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas por daño ambiental de incidencia colectiva. |
| Res. SSN 705/2025 | Publicada el 24 de diciembre de 2025. Modifica el Reglamento General de la Actividad Aseguradora: la reserva especial de caución ambiental pasa a calcularse aplicando el cinco por mil sobre el total de las sumas aseguradas vigentes, para estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2025 y siguientes. |
La normativa se actualiza con frecuencia: los datos de esta página fueron verificados contra fuente oficial y conviene confirmarlos al momento de aplicarlos.
Preguntas
Depende del Nivel de Complejidad Ambiental del establecimiento calculado con la reglamentación nacional: la obligación alcanza a los que llegan a 14,5 puntos o más. No hay una lista de rubros obligados y rubros exentos: hay un cálculo, porque dos plantas del mismo rubro pueden dar números distintos según su tamaño, su entorno y lo que almacenan.
No necesariamente, y es la confusión más frecuente. Son dos regímenes distintos: la categoría de la Ley 11.459 la calcula la reglamentación provincial y el umbral del seguro lo calcula la reglamentación nacional, con anexos propios. Además, 14,5 puntos cae dentro del rango que la Provincia llama primera categoría. La categoría provincial no contesta la pregunta nacional.
No. No somos productores de seguros ni intermediamos pólizas. Hacemos el cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental y del Monto Mínimo Asegurable, el relevamiento que los sostiene y el legajo técnico que se presenta. Con eso el establecimiento cotiza donde quiera, y compara peras con peras.
Del Nivel de Complejidad Ambiental, de la vulnerabilidad del entorno que habría que restaurar y de los materiales peligrosos presentes. El entorno pesa: no es lo mismo una planta sobre una freática somera y cerca de un curso de agua que la misma planta en otro lado. Y el inventario de sustancias pesa mucho, que es la razón por la que conviene que lo arme alguien que sepa mirar una planta.
El decreto vigente admite el seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva, las pólizas con transferencia de riesgo y otros instrumentos financieros aprobados. La modalidad que la Superintendencia de Seguros reglamenta con reserva técnica propia —y que volvió a reglamentar a fines de 2025— es la caución. La elección concreta se conversa con el productor, no con nosotros.
Tiene que ser una aseguradora habilitada, y la póliza por daño ambiental de incidencia colectiva requiere que la autoridad ambiental nacional haya otorgado la conformidad ambiental previa antes de que la Superintendencia apruebe el producto. Verificar ese punto antes de firmar es parte de la revisión, porque una póliza sin ese respaldo no cumple la obligación aunque se haya pagado.
Sirve si pasó tiempo o si la planta cambió. Lo que se revisa es si el NCA con el que se contrató sigue siendo el del establecimiento actual y si el monto asegurado alcanza el mínimo que hoy corresponde. Una ampliación, una línea nueva o un almacenamiento que se agregó pueden dejar la póliza corta sin que nadie lo note hasta que hace falta.
Son obligaciones de niveles distintos: el certificado es provincial, de la Ley 11.459, y el seguro es nacional, de la Ley 25.675. Comparten buena parte del insumo —el relevamiento del establecimiento, las corrientes, los riesgos— y por eso conviene hacerlos con la misma base de información, pero son trámites separados ante autoridades distintas.
La actividad y el rubro, la superficie y la potencia instalada, el plantel, qué efluentes, residuos y emisiones se generan, qué sustancias se almacenan y en qué condiciones, y la ubicación exacta. Si hay estudios hidrogeológicos, análisis o un legajo ambiental previo, todo eso acorta el relevamiento.
El marco que se cita en esta página fue verificado contra fuente oficial en septiembre de 2026, incluida la última resolución de la Superintendencia de Seguros sobre el ramo, de diciembre de 2025. Aun así conviene confirmar los valores y los procedimientos al momento de presentar: es normativa que se modifica.
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