IMPACTO AMBIENTAL
DE FEEDLOTS

No. El Certificado de Aptitud Ambiental es el instrumento de la Ley 11.459, que aplica a establecimientos industriales. Un establecimiento de engorde intensivo a corral es actividad agropecuaria: se evalúa por el régimen general de la Ley 11.723 y por el contenido específico que pide el artículo 5 de la Ley 14.867.

La Ley 14.867 no fija metros. El artículo 9 faculta a la Autoridad de Aplicación a determinar las distancias mínimas mediante un algoritmo con parámetros técnicos, y deja expresamente que cada municipio pueda establecer distancias mayores. En la práctica la respuesta sale de cruzar las dos capas, y conviene resolverla antes de comprar el campo.

El artículo 5 enumera ocho contenidos: línea de base ambiental, responsable técnico matriculado, análisis topográfico, estudios de recursos hídricos, plan de mitigación, plan de monitoreo ambiental, plan de contingencia y gestión integral de residuos, plagas, excretas y animales muertos.

Es la obligación del artículo 10 inciso b de la Resolución SENASA E 329/2017: registrar dentro de los 15 días las muertes, los faltantes por robo, los cambios de categoría, los cambios de titularidad y toda otra novedad sanitaria. Los dos del medio no son sanidad, son patrimonio: un feedlot engorda hacienda que en general no es suya, y ese registro es lo que mantiene la trazabilidad de la propiedad. Los registros se archivan tres años.

El artículo 16 da 6 meses para presentar la documentación e inscribirse, y 12 meses para la adecuación edilicia, contados desde la reglamentación. El incumplimiento genera inhabilitación. Si por la ubicación resulta imposible cumplir algún requisito, la ley prevé que se fijen condiciones alternativas.

En dos. El provincial, que crea el artículo 10 de la Ley 14.867 en el ámbito del entonces Ministerio de Agroindustria, y el nacional: el Registro Nacional de Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral de la Resolución SENASA 329/2017, que además exige RENSPA previo. El registro nacional da de baja automáticamente a los establecimientos que pasan un año sin movimientos.

Para el registro nacional, no. El artículo 3 de la Resolución SENASA 329/2017 exige que la actividad sea exclusiva en el predio, con la única excepción de los équidos de trabajo. Es una restricción que suele sorprender cuando el feedlot está dentro de un campo mixto.

El artículo 17 de la Ley 14.867 obliga a remediar ambientalmente el predio al cesar la actividad. Conviene saberlo el día que se abre, no el día que se cierra: el costo de la remediación depende de decisiones de diseño que se toman al principio, sobre todo en el manejo de escurrimientos y en la impermeabilización.

El artículo 15 prevé apercibimiento, multa de 5 a 200 salarios, suspensión, caducidad de la habilitación, clausura, interdicción y publicación de la resolución. El artículo 7 asigna a los municipios el 20 % de las multas que se recauden, lo que en los hechos aumenta el interés del partido en fiscalizar.

No. El bienestar animal y el manejo sanitario del rodeo los firma un veterinario, y así lo pide la ley. Nosotros hacemos la parte ambiental completa y trabajamos coordinados con el veterinario del establecimiento para que las dos presentaciones cierren entre sí.

La ubicación del predio —partido y nomenclatura catastral—, la cantidad de cabezas prevista, si el establecimiento ya opera o es nuevo, si hay perforaciones y de qué profundidad, y si el municipio ya exigió algo por escrito. Con eso alcanza para decir qué estudios hacen falta y cuáles no.