EMPADRONAMIENTO
ANTE ACUMAR

No, son dos pasos. La Clave Única de Reordenamiento Territorial se solicita por Trámite a Distancia y es el identificador del establecimiento ante ACUMAR. Con esa clave recién se puede cargar la declaración jurada en REAMAR, que es donde se declara qué hace el establecimiento. Tener la CURT y no haber presentado la declaración es una situación común y no cuenta como empadronado.

Un número que calcula el propio sistema a partir de lo declarado y que ordena el resto del régimen. Su consecuencia más directa es la frecuencia: con un NIA igual o mayor a cuarenta la actualización es anual y por debajo es bianual. Conviene entender qué lo mueve antes de declarar, porque la diferencia entre treinta y nueve y cuarenta es un trámite más por año durante toda la vida del establecimiento.

Primero, verificar dos cosas antes de contestar: si el establecimiento está efectivamente dentro de la cuenca según el mapa de la Resolución 1113/2013, y si su actividad figura en el listado de excluidas del Anexo I de la 297/2018. Si está alcanzado, el empadronamiento no prescribe y la falta de inscripción es una infracción del régimen sancionatorio, así que lo que conviene es empadronarse y responder la intimación mostrando el trámite en curso, no dejarla sin respuesta. El problema práctico es otro: la declaración jurada pide adjuntar permisos que muchas veces faltan, y eso es lo que estira el plazo. Por eso el primer paso es ver qué falta, no entrar a cargar.

El trámite es gratuito, así lo informa ACUMAR. Lo que insume tiempo y plata es lo de antes: si el establecimiento no tiene relevadas sus corrientes de residuos, caracterizado el efluente o identificadas las fuentes de emisión, eso hay que hacerlo para poder declarar, y es trabajo técnico.

Sí, y con plazo. Ante un cambio de titularidad o de razón social hay que reempadronarse dentro de los treinta días hábiles. Es uno de los puntos que más se pasan por alto en una compra, y el efecto es que el establecimiento sigue declarado a nombre de quien ya no responde por él. Conviene revisarlo junto con el resto de la situación ambiental, como en cualquier due diligence ambiental.

Puede. El artículo 2 de la Resolución 297/2018 excluye a las actividades del listado del Anexo I, identificadas por código CIIU, y exige que estén previstas ahí tanto la actividad principal como las secundarias. En el texto publicado ese listado es una imagen, así que no pudimos verificar su contenido contra fuente oficial: antes de darse por excluido conviene consultarlo en el organismo, porque la actividad secundaria es la que suele dejar a un establecimiento adentro.

No. El artículo 17 de la Resolución 297/2018 la derogó, junto con otras seis resoluciones. Todavía circula material que la cita como vigente, y eso importa porque el registro que creaba tenía otro nombre y otro procedimiento. El régimen actual es el de la 297/2018 con las modificaciones de la 214/2021.

La que corresponda según lo que se declare: el sistema pide sólo los módulos aplicables. En la práctica, los que más aparecen son el Certificado de Aptitud Ambiental, la licencia de emisiones gaseosas y el permiso de factibilidad de vuelco de efluentes. Es decir que el empadronamiento funciona como una auditoría del legajo provincial: si algo falta o venció, queda a la vista.

ACUMAR informa que se aplican sanciones económicas a los establecimientos que no cumplen en plazo. El costo real, igual, suele ser otro: una declaración desactualizada no coincide con lo que ve una inspección, y esa diferencia es la que abre el expediente.