OBLIGACIONES
ANTE ACUMAR

No, las suma. El Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley 11.459, el permiso de vuelco ante la Autoridad del Agua y la licencia de emisiones siguen igual. La prueba está en el propio trámite: la declaración jurada de ACUMAR pide adjuntar esos permisos provinciales. Si los reemplazara, no los pediría.

No alcanza con mirar el partido. El ámbito lo define el mapa de delimitación topográfica que aprobó la Resolución ACUMAR 1113/2013, y la línea sigue la cuenca hidrográfica, no el límite político. Hay establecimientos en partidos alcanzados que quedan afuera, y al revés. Es la primera verificación de cualquier trabajo acá, porque de eso depende todo lo demás.

Menos del que creés, y acá hay un error muy difundido. El plazo de treinta días hábiles que se publica por todos lados venía del artículo 2 de la Resolución 366/2010, que está derogada. Hoy rige el Plan de Adecuación del artículo 27 de la Resolución 12/2019: el plan se clasifica en A, B o C, la categoría la fija ACUMAR en el mismo acto que declara el Agente Contaminante —no la elige el establecimiento— y de esa categoría dependen el plazo para presentarlo y la duración admitida, que va de tres a doce meses. Lo primero no es contar treinta días: es leer qué categoría asignó el acto, porque en el caso más exigente el plazo se cuenta en días hábiles de una sola cifra.

Dos cosas que cambiaron y que el material viejo no dice. Si el plan llega incompleto u observado, la subsanación tiene su propio plazo —quince, veinte o treinta días hábiles según el tipo de plan— y como máximo dos instancias de notificación, según el artículo 34 en la redacción de la Resolución 123/2023. Y la aprobación dejó de ser un acto administrativo de la Dirección General Ambiental: hoy se resuelve por un informe de no objeción técnica, según el artículo 35 de esa misma reforma. Después, incumplir un plan aprobado es una infracción con nombre propio desde la Resolución 203/2025.

No publicamos montos porque se actualizan y dependen de la infracción y de los agravantes. Lo que sí conviene saber es que el régimen sancionatorio se endureció: la Resolución 203/2025 reescribió el procedimiento y sumó como infracciones autónomas el rechazo del plan de adecuación y su incumplimiento. En la práctica, el costo más alto de una sanción no suele ser la multa sino lo que la acompaña: la clausura de un punto de descarga, la traba de otros trámites y el antecedente que queda en el expediente.

No. ACUMAR lo informa como trámite gratuito. Lo que cuesta es armarlo bien: la declaración jurada pide información de procesos, residuos, efluentes y emisiones que en muchos establecimientos no está ordenada, y es la misma que después se cruza en una inspección.

No. En la cuenca rigen los de la Resolución ACUMAR 283/2019, y traen algo que el régimen provincial no tiene: además del límite de concentración se aplica un límite de carga másica, y entre los dos gana el más restrictivo. Un efluente que cumple la tabla provincial puede no cumplir acá si el caudal es alto. El detalle está en límites de vuelco en la cuenca.

Es la sigla con la que ACUMAR nombra al Registro de Establecimientos y Actividades de la Cuenca Matanza Riachuelo, creado por la Resolución 297/2018, y también la plataforma donde se presenta su declaración jurada. Una aclaración honesta: ninguna fuente oficial que pudimos consultar desarrolla la sigla letra por letra, así que no la inventamos. Cómo se carga está en empadronamiento y DJ REAMAR.

En los catorce partidos bonaerenses: Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente. La Ciudad de Buenos Aires también integra la cuenca, pero queda fuera de nuestra cobertura y preferimos decirlo antes que tomar el trabajo y derivarlo.

Según el Nivel de Incidencia Ambiental que calcula el propio sistema: anual si es igual o mayor a cuarenta, bianual si es menor. Lo fija el artículo 10 de la Resolución 297/2018 en la redacción que le dio el artículo 3 de la Resolución 214/2021. Y hay un supuesto aparte: ante un cambio de actividad, de titularidad o de razón social hay que reempadronarse dentro de los treinta días hábiles.

ACUMAR informa que los establecimientos no empadronados son sancionados económicamente. Más allá de la multa, el efecto práctico es que el establecimiento no existe para el organismo, y eso aparece cuando hace falta acreditar situación ambiental ante un cliente, un banco o un seguro. Regularizar antes de una inspección siempre sale más barato que después.

No, pero se apoya en ella. Buena parte de lo que pide la declaración jurada —corrientes de residuos, caracterización de efluentes, fuentes de emisión— es lo mismo que releva una auditoría ambiental. Cuando el establecimiento ya la tiene hecha, el empadronamiento es carga de datos; cuando no, hay que relevar primero.